Kilmar Ábrego García, de 29 años, padre de tres hijos con discapacidades, es un ciudadano salvadoreño que entró a Estados Unidos de forma irregular alrededor de 2011, cuando era adolescente, huyendo de la violencia de las pandillas, según asegura su familia.
En 2019 un tribunal de inmigración suspendió su remoción y estableció que no podía ser deportado a su país de origen ya que, según determinó el juez que firmó el fallo, en El Salvador una pandilla local “lo amenazaba a él y su familia con matarlos”.
A pesar de ese fallo, el pasado 15 de marzo la istración de Donald Trump lo deportó a El Salvador. Su caso se convirtió en el foco de las tensiones políticas en Estados Unidos por las deportaciones. Ahora fue llevado de regreso a EE.UU. para enfrentar casos penales.
De acuerdo con documentos judiciales, Ábrego García había sido inicialmente detenido en 2018 por policías en Maryland cuando estaba fuera de un Home Depot junto a otros hombres. En ese momento, el Departamento de Policía del Condado de Prince George’s, consideró que era un miembro de pandilla porque “llevaba una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera con capucha” y “un informante confidencial dijo que era un miembro activo de la MS-13”.
Su abogado dijo que el salvadoreño no es miembro ni está afiliado a la MS-13, argumentos que también apoya su familia y que los esfuerzos para obtener más información de las autoridades durante sus procedimientos de inmigración de 2019 no fueron fructíferos, según detallan los documentos judiciales.
Tras la acusación, y mientras estaba detenido, Ábrego García solicitó asilo, pero un juez de inmigración se la negó. Sin embargo, sí le otorgó protección contra ser deportado de regreso a El Salvador debido a un “miedo bien fundado” de persecución de pandillas, según su caso. Tras esa decisión, el hombre fue liberado.
Pero el 12 de marzo de este año, agentes de ICE lo arrestaron nuevamente afuera de un negocio en Baltimore, cuando estaba con uno de sus hijos. Según cita la agencia AP, un agente llamó a su esposa y le dijo que tenía 10 minutos para recuperar a su hijo o ICE solicitaría servicios de protección infantil.
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