Un juez de apelaciones de Santiago dictó el primer procesamiento por casos de sustracción de menores durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, entre las décadas de 1970 y 1990, informó este lunes el Poder Judicial chileno a través de un comunicado.
El juez Alejandro Aguilar acusó a cinco personas de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa, y solicitó además la extradición de la primera encausada desde Israel.
CNN ó al Poder Judicial para determinar si los implicados cuentan con representación legal y cómo se declaran ante los señalamientos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
El magistrado chileno ordenó que las cinco personas permanezcan en prisión mientras dure la investigación por los hechos, que ocurrieron en la comuna de San Fernando, a 140 kilómetros de Santiago, y que implican la adopción irregular de dos menores de edad entregados a matrimonios extranjeros, explicó el Poder Judicial.
La investigación determinó, de acuerdo con la nota de prensa, que en la década de los 80 “existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia católica, de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de edad, cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los US$ 50.000”.
El magistrado desestimó que los delitos hayan prescrito porque “se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en un régimen militar y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Durante la dictadura de Augusto Pinochet, de 1973 a 1990, muchos bebés fueron llevados a agencias de adopción. Algunos de los niños procedían de familias ricas, que en muchos casos dieron en adopción a bebés nacidos fuera del matrimonio.
Otros, procedentes de familias más pobres, eran directamente robados.
CNN ya ha reportado varios casos de ciudadanos chilenos adoptados irregularmente.
Hasta 2022 se buscaban en Chile a al menos 50.000 niños que habrían sido entregados en adopción en forma irregular, según estimaciones de la fundación “Madres e hijos del silencio”.